viernes, 8 de mayo de 2015

Contra los casos de corrupción, como el de la Junta Vecinal de Soto de la Marina, la solución es la transparencia




El escándalo de Soto de la Marina sigue abierto y en investigación, en la Fiscalía del TSJC

Santa Cruz de Bezana a 8 de mayo de 2015, Pablo Zuloaga, portavoz socialista y candidato a la alcaldía del municipio ha lamentado hoy, que el partido popular de Santa Cruz de Bezana enturbie la campaña electoral con los casos que se mantienen abiertos en los tribunales de justica contra su proceder en el Ayuntamiento y en la Junta Vecinal de Soto de la Marina.

Pablo Zuloaga se ha comprometido con los vecinos de Santa Cruz de Bezana a rendir cuentas públicas sobre los gastos y contrataciones, que se realicen desde el Ayuntamiento y las Juntas Vecinales, al menos dos veces al año en cada uno de los siete pueblos del municipio “para garantizar que escándalos como el de Soto de la Marina, no vuelvan a suceder”.

Zuloaga, que se ha comprometido a seguir dando todos los pasos necesarios para que el dinero de los vecinos de Soto de la Marina vuelva a las cuentas de la Junta Vecinal, ha puesto en valor su compromiso con la transparencia al ser el único candidato que se presenta a la alcaldía de Santa Cruz de Bezana, que ha hecho público su patrimonio, su currículum y su vida laboral a través de la web de transparencia del PSOE de Bezana. 

Ayer mismo, el jueves 7 de mayo, cuando se inició la campaña electoral para los comicios del 24 de mayo, la actual candidata a la Junta Vecinal de Soto de la Marina del partido popular se sentó como testigo ante el juez para declarar sobre el escándalo en el que permanecen imputados la actual presidenta María del Carmen Anievas y el vocal y ex tesorero de la Junta Vecinal José Manuel Pintado, ambos miembros del partido popular de Santa Cruz de Bezana.

Los socialistas lamentan que tras años de haber conocido y ocultado supuestamente esta sustracción de dinero público de la Junta Vecinal de Soto de la Marina, estos miembros del PP de Santa Cruz de Bezana tengan que estar ahora dando explicaciones ante el juez, tras habérselas negado a los vecinos al no haber convocado ni una reunión de concejo vecinal para aclarar este caso por el que más de 42.000 euros han sido sustraídos de las cuentas públicas.

Supuesta contabilidad B

Según detalló ayer el extesorero y exsecretario de la Junta y militante del PP, José Manuel Pintado, ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander, que investiga la desaparición de cerca de 42.000 euros en la entidad local, “Desde el año 2009, el Partido Popular ha llevado en la Junta Vecinal de Soto de la Marina una 'contabilidad B' ”.

Según Pintado, a partir de ese año la presidenta, María del Carmen Anievas -también militante del PP-, y él mismo realizaron una serie de transferencias desde la cuenta de la pedanía a la suya personal con la finalidad de extraer dinero en metálico y engrosar así la 'caja B'. 

Pintado ha relatado ante el juez que ante el requerimiento del Tribunal de Cuentas para presentar la contabilidad, ambos dirigentes solicitaron ayuda al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, también gobernado por el PP y encabezado por Juan Carlos García.  

Tres años sin rendir cuentas

Después de las elecciones de 2011, la presidenta dejó de convocar juntas, incluso las obligatorias por ley para aprobar las cuentas de cada ejercicio y el balance económico. Esta inactividad despertó las sospechas de algunos de los miembros de la pedanía, entre ellos el vocal socialista, quien en diciembre de 2013 solicitó la convocatoria de una Junta extraordinaria y urgente con el fin de tratar el estado de las cuentas y la liquidación de los ejercicios anteriores.

Tras varios requerimientos más por parte del PSOE, finalmente la sesión se celebró en marzo y la presidenta informó entonces que los 42.800 euros que la Junta había acordado en 2009 disponer en un plazo fijo no figuraban en las cuentas bancarias. Anievas señaló directamente al extesorero como supuesto autor material del robo. Según su versión, Pintado retiró los 42.800 euros para la contratación del depósito pero en su lugar dispuso de la cantidad para sus propios fines, entregando en la Junta Vecinal un certificado falso.

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