La posibilidad de fraccionar el pago del IBI, fue una de las propuestas a las que el PP votó en contra.
El grupo municipal socialista presentó una batería de mociones para su debate en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que planteaban la modificación de la ordenanza municipal sobre el Impuesto de Bienes en Inmuebles (IBI).
Los socialistas presentaron estas mociones con el fin de reducir la presión fiscal sobre las familias, introduciendo criterios de progresividad, que favorecieran la creación de empleo en el municipio de Santa Cruz de Bezana, pero todas las propuestas fueron rechazadas con el voto en contra del Partido Popular, que con su actitud volvió a vetar el debate en el pleno de Santa Cruz de Bezana.
De esta manera, los socialistas, reclamaron un año más que el tipo impositivo que el Ayuntamiento impone sobre los vecinos se revise a la baja desde el 0,59% en el que se mantiene en la actualidad hasta el 0,50%. Generando un sustancial alivio sobre las familias del municipio y sin generar graves daños a la financiación municipal dado que en palabras de los socialistas hay muchos asesores en los que el Equipo de Gobierno debería ahorrar.
Con un carácter más social, el PSOE pidió además que se aplique una bonificación del 90% para aquellas unidades familiares en que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y no cobren ninguna prestación. O que los servicios de recaudación y servicios sociales estudien la posibilidad de introducir criterios económicos y progresivos en las bonificaciones ya existentes, para familias numerosas, en la que se valoren los ingresos de la unidad familiar, teniendo como referencia el IPREM y no sólo el número de hijos como es actualmente.
Los concejales socialistas propusieron al pleno del Ayuntamiento que el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, se fraccione en tres plazos anuales, sin intereses ni repercusión económica para el ciudadano. Favoreciendo el equilibrio en las economías familiares. Plantearon castigar la especulación a través de un recargo del 25% para inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Según figura en la Ley, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del impuesto. Este recargo grava principalmente a propietarios que no son vecinos del Ayuntamiento y además es una forma de incitar al alquiler.
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